Publicado el 23/07/2025 por Administrador
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El gobierno de Venezuela ha iniciado una investigación formal contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y varios altos funcionarios de su administración por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas contra más de 250 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y recluidos en la mega-cárcel CECOT, en Tecoluca.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, anunció este lunes la apertura del proceso, basado en testimonios, fotografías y evidencias médicas que apuntan a posibles casos de tortura, tratos inhumanos y condiciones de detención degradantes sufridas por los migrantes. La investigación también involucra al ministro de Justicia de El Salvador y al director del sistema penitenciario.
Los venezolanos fueron trasladados en marzo de este año a El Salvador en virtud de un polémico acuerdo trilateral entre Estados Unidos, El Salvador y Venezuela, en el marco de una política migratoria excepcional que permitía la deportación de ciudadanos considerados “amenazas potenciales” bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Una vez en suelo salvadoreño, los migrantes fueron confinados sin proceso judicial en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad creada por el gobierno de Bukele para albergar a presuntos miembros de pandillas. Sin embargo, los detenidos no contaban con antecedentes penales ni estaban involucrados en delitos comprobados.
Según los testimonios recogidos por las autoridades venezolanas, los migrantes habrían sido sometidos a agresiones físicas, tortura psicológica, violaciones sistemáticas de sus derechos básicos, alimentación en mal estado, falta de atención médica y aislamiento prolongado. Las imágenes difundidas muestran cuerpos con señales visibles de maltrato, celdas sin ventilación y condiciones de insalubridad extrema.
Saab señaló que solicitará la intervención de organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Estos hechos no pueden quedar impunes. Se trata de un patrón sistemático de tortura y abuso institucionalizado”, declaró.
El pasado 18 de julio, tras intensas negociaciones diplomáticas, los 252 venezolanos fueron liberados y repatriados a su país a cambio de la excarcelación de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. La operación fue presentada como un gesto humanitario, aunque no evitó que Caracas avanzara con las acciones judiciales.
Por el momento, el gobierno salvadoreño no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a la acusación. Sin embargo, voceros del gobierno han defendido reiteradamente la legitimidad de las condiciones en CECOT, argumentando que el centro ha sido clave en la lucha contra el crimen organizado y el control de las maras.
El caso ha desatado una fuerte reacción en la comunidad internacional. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el uso de prisiones de alta seguridad como herramienta de control migratorio, sin garantías procesales ni respeto a los tratados internacionales.
Mientras tanto, los migrantes repatriados reciben atención médica y psicológica en Venezuela. Muchos de ellos han narrado experiencias extremas, comparando su encierro con una película de terror. Sus testimonios serán parte fundamental del expediente legal que Venezuela planea presentar ante instancias internacionales.
Esta investigación representa un nuevo capítulo en las tensas relaciones diplomáticas entre Caracas y San Salvador, y coloca al presidente Bukele bajo el foco de organismos globales que ya venían cuestionando sus políticas de seguridad y su respeto por los derechos fundamentales.
