Publicado el 20/06/2025 por Administrador
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Desde que Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador en 2019, el país ha registrado un total de 5.688 homicidios y 2.548 personas desaparecidas, según cifras reveladas recientemente por el propio mandatario. A pesar de los constantes mensajes oficiales sobre una supuesta “pacificación total”, los números reflejan una realidad mucho más compleja y, en muchos casos, alarmante.
En una publicación en redes sociales, Bukele argumentó que estas cifras representan un descenso drástico en comparación con administraciones anteriores, y las calificó como parte del “residuo” de violencia heredado. Sin embargo, organismos de derechos humanos y organizaciones civiles cuestionan esa narrativa, al advertir que muchas muertes podrían estar ocultas bajo la etiqueta de desaparición, sin haber sido investigadas ni resueltas.
El presidente salvadoreño también comparó el número de desaparecidos en su mandato con los más de 6.900 reportados entre 2015 y 2018, intentando reforzar la idea de una mejora sostenida. Pero las dudas persisten. Diversas ONG señalan que en numerosas comunidades rurales y sectores marginales los casos no se denuncian por temor a represalias, mientras que en otros, los registros no se actualizan, lo que distorsiona la magnitud real del problema.
Uno de los pilares del gobierno de Bukele ha sido el régimen de excepción, instaurado en marzo de 2022 tras una ola de asesinatos, y prorrogado ininterrumpidamente desde entonces. Bajo esta medida se han detenido a más de 83.000 personas sin necesidad de orden judicial. Aunque la tasa oficial de homicidios cayó a su punto más bajo en 2024 (114 asesinatos), el costo en derechos humanos ha sido alto.
Organizaciones como Cristosal denuncian que al menos 354 personas han muerto bajo custodia del Estado durante este periodo. Los informes mencionan torturas, condiciones infrahumanas, muertes sin notificación a los familiares y entierros sin identidad confirmada. Muchos detenidos, según los reportes, simplemente desaparecen dentro del sistema penitenciario, sin contacto alguno con el exterior.
A esto se suma la polémica por la negativa del Ejecutivo a extraditar a líderes de la pandilla MS-13 requeridos por la justicia de Estados Unidos. Críticos del gobierno sostienen que estas decisiones han estado marcadas por intereses políticos, especialmente tras la remoción de jueces y fiscales clave que habrían facilitado tales procesos.
El modelo de seguridad salvadoreño, celebrado por algunos sectores por su “mano dura” y resultados inmediatos, es duramente cuestionado por su falta de transparencia, represión institucional y debilitamiento de los mecanismos de control democrático. Para muchos, los logros cuantitativos en seguridad no compensan el deterioro de los derechos fundamentales.
A cinco años del inicio del gobierno de Bukele, El Salvador se encuentra en un punto de inflexión. Los niveles de violencia han disminuido, pero las sombras sobre miles de desaparecidos, muertes bajo custodia y el uso autoritario de las leyes exigen respuestas claras y justicia para las víctimas.
La verdadera seguridad, advierten los expertos, no se mide solo por la reducción de cifras, sino por la garantía de derechos, el respeto al debido proceso y la reparación del daño causado. Sin esto, el silencio de las armas podría esconder una violencia más sutil, pero igualmente devastadora.
